¡SI ALGO DEBE DOLERNOS, ES EL DESANGRE DE NUESTRO PUEBLO!

Cuando el gobierno burgués comprador-terrateniente y fascista de Daniel Noboa declaró el "conflicto interno armado", no lo hizo precisamente porque sufrió uno de los tantos cortocircuitos neuronales a los que nos tiene acostumbrados. Lo hizo con plena conciencia de que esa declaratoria le era útil para sus propósitos electorales: atar a las masas a una falsa disyuntiva entre “correísmo y anticorreísmo” y, sobre todo, crear las condiciones sociales y políticas necesarias para justificar su propuesta de cambio constitucional que le permita la mayor penetración del imperialismo yanqui.

Este conflicto, atizado por el propio gobierno y sus aparatos represivos, ha logrado instalar en la conciencia colectiva una sensación de inseguridad absoluta. Una percepción cuidadosamente cultivada, que pretende justificar la presencia de bases militares y tropas extranjeras como única solución viable. Pero esta respuesta no se ciñe a la realidad objetiva de los hechos; más bien, forma parte de una estrategia diseñada por el imperialismo estadounidense, ya aplicada en otros países del continente, y que ahora busca replicarse en Ecuador como parte de su reordenamiento estratégico en el marco de las crecientes confrontaciones interimperialistas.

Esta aventura del gobierno y del imperialismo ha desangrado a nuestro pueblo, convirtiéndolo en la principal víctima de esta guerra declarada a lomo de mula. Es el pueblo trabajador, el campesinado, la juventud empobrecida, quienes pagan la más alta cuota de sangre en medio del fuego cruzado entre la delincuencia estatal —vestida de uniforme y blindada por la legalidad burguesa— y la delincuencia no estatal, estructurada como brazo funcional del mismo sistema que dicen combatir.

Las cifras son alarmantes: en 2021 se registraron 2.497 muertes violentas; en 2022, 4.603; y en 2023, cerca de 7.592, con una tasa de homicidios de 40 por cada 100.000 habitantes. Guayaquil, Durán y Samborondón se han convertido en los epicentros de esta violencia. Cuando se pensaba que ya se había alcanzado el límite de la muerte, de la crisis, de la nada, en febrero de 2025 se registraron 736 muertes violentas en el país. Eso equivale a 1,1 asesinatos cada 60 minutos. Solo en ese mes, 53 niños y adolescentes fueron asesinados como “daño colateral”.

Pero esto es apenas la punta del iceberg. Detrás de cada cifra hay seres humanos: obligados, reclutados, inducidos a participar en redes de violencia o, simplemente, asesinados. Niños y niñas son utilizados por el crimen, pero más allá de eso, son víctimas de un sistema que les niega el derecho a la educación. Escuelas cerradas por falta de inversión, infraestructura abandonada, aulas sin electricidad, anegadas o sin las más elementales condiciones para que cumplan su razón de ser.

Escuelas “vacunadas”, con niveles de deserción alarmantes. Solo entre 2022 y 2023, cerca de 100.000 estudiantes abandonaron sus estudios. ¿Y cómo no hacerlo, si las escuelas son bombardeadas, si secuestran y asesinan a estudiantes, docentes y trabajadores de la educación?

¿Cómo no hacerlo, si nuestros jóvenes tienen que trabajar para sostener a sus familias porque sus padres han sido asesinados o han emigrado del país?

Los apagones y el invierno no solo oscurecieron y anegaron ciudades enteras, sino que han dejado en evidencia, de forma irrefutable, las profundas debilidades estructurales del país. La incapacidad operativa del aparato burocrático es solo una de las múltiples expresiones del colapso generalizado. A esto se suma un déficit fiscal creciente y un nivel de endeudamiento cada vez más asfixiante, especialmente con el Fondo Monetario Internacional, que hoy actúa no solo como acreedor principal, sino como verdadero arquitecto de las políticas económicas que empujan a las grandes mayorías al abismo.

Las consecuencias son devastadoras: aumento del desempleo, crecimiento de la mendicidad, hambre, miseria extendida en el campo y en la ciudad. Los hospitales se caen a pedazos, no hay medicamentos, no hay médicos suficientes, y las unidades de atención son cada vez más escasas. El sistema de salud está colapsado, y la inversión pública en salud y educación ha sido prácticamente reducida a cero. No puede ser de otra manera. El Estado burgués no fue diseñado para garantizar bienestar, sino para sostener los privilegios de una minoría y cumplir, sin rechistar, los dictámenes del imperialismo.

En el campo, la situación es aún más crítica. Miles de campesinos pobres han sido desplazados y expulsados de sus tierras, víctimas de una intervención directa del Estado que, bajo el discurso de la "inversión extranjera", entrega concesiones territoriales a grandes empresas mineras nacionales y extranjeras. Esta política no solo despoja a las comunidades de sus medios de vida, sino que impulsa una emigración forzosa que vacía el campo y condena a sus pobladores al exilio interno o a la marginalidad urbana.

Se está consolidando, así, un proceso sistemático y progresivo de despoblación rural que allana el camino para el resurgimiento de nuevos latifundios, ahora amparados en la legalidad burguesa. El viejo régimen agrario no ha desaparecido: se rearma bajo nuevos rostros, con una concentración aún mayor de la tierra en manos de transnacionales, mafias locales y capitales foráneos. Se profundiza la semifeudalidad mediante mecanismos “modernos” de despojo, y emergen nuevas formas de esclavismo encubierto, como el trabajo forzoso. Todo esto con la complicidad activa del Estado y bajo la cobertura de una delincuencia bipartita —estatal y no estatal— que opera como garante del despojo y la explotación.

Vivimos recesión económica, en 2024 registró una caída del 0,4% del PIB, y han elevado la pobreza al 28% de la población.

Y mientras tanto, el ciudadano común, fácilmente enajenado y alienado, repite el eslogan prefabricado: ¡mano dura contra la delincuencia! Ya no reivindicamos el derecho a la rebeldía por falta de empleo, salud, educación, etc. Así, nos han arrastrado a un conflicto cuyo origen no radica en el narcotráfico, ni en la minería “legal”, ni en los demás apéndices podridos de la vieja sociedad, sino en los problemas estructurales, profundos y prácticamente insalvables que arrastra el país.

No se trata de negar lo evidente: existen bandas criminales estructuradas. Pero lo que la prensa burguesa calla —o apenas menciona con sordina— es que dentro de esas mismas bandas operan cientos de policías, y militares, de todos los rangos. Funcionarios públicos, asambleístas y empresarios que “pescan a río revuelto”

También han sido asesinados policías, no en el ejercicio de su “deber”, sino como resultado de rencillas entre bandas. Lo mismo ha ocurrido con militares, agentes de tránsito y otros funcionarios. Es decir, en el Ecuador se libra una guerra con múltiples frentes y actores: estatales, no estatales, extranjeros… y en medio de todo, un pueblo obligado a poner la sangre, a soportar el encierro, el abandono, el miedo o el autoexilio como una cuota dolorosa que lacera la fibra más íntima de una sociedad lanzada al vacío.

En este contexto, 11 militares fueron emboscados y abatidos en la provincia de Orellana aparentemente por una disidencia de las FARC.

No podemos —ni vamos a— decir que la muerte de los militares nos apena o acongoja. No vamos a salir, como lo hace el oportunismo y el revisionismo a “dar el pésame” a las FFAA, al estado o a quién sea; porque hay muertes que pesan como una montaña, y otras que no pesan más que una pluma.

A nosotros nos duelen los hijos e hijas del pueblo que no tuvieron opción alguna de defenderse. Esas muertes tienen peso verdadero.

Nos duele la muerte que se esconde detrás de las humildes puertas de pequeños negocios, donde hombres y mujeres trabajadores son asesinados sin que nadie los proteja. Nos duele profundamente la muerte de quienes no tienen defensa posible: los niños acribillados por balas, por el fuego, por explosivos. Nos duelen los niños muertos en Taisha, olvidados por un sistema de salud colapsado. Nos duelen los cuatro niños de La Malvinas, secuestrados, torturados y asesinados por militares que después son convertidos en héroes.

No nos duelen los esbirros armados del Estado ni los victimarios caídos en su propia guerra. Nos duelen las víctimas que son contadas por decenas en las barriadas pobres, los condenados de siempre, los que no tienen voz ni poder ni justicia.

La muerte de los 11 militares en Orellana no representa otra cosa que la pugna entre bandas que instrumentalizan la institucionalidad y la corrupción para disputarse el control de negocios como el de la minería, hoy profundamente contaminado por mafias, violencia y despojo.

Ahora, las Fuerzas Armadas ponen su cuota. La Policía ya ha puesto la suya. Pero nuestro pueblo… nuestro pueblo pone más muertos que los once del río Punino. Pone sus hijos, sus padres, sus trabajadores, sus estudiantes.

Los militares no son una institución neutral ni ajena al conflicto social; son, históricamente, la columna vertebral del viejo Estado, cuya naturaleza política es la represión y la defensa violenta de la estructura económica que sostiene a la gran burguesía y a los grandes terratenientes. Han sido —y siguen siendo— los verdugos del pueblo en cada levantamiento, cada huelga, cada protesta que desafía la vieja institucionalidad burocrática. Más aún: en esta etapa de descomposición del viejo Estado burocrático-terrateniente, han demostrado estar profundamente corrompidos, serviles a las clases dominantes y funcionales al saqueo imperialista.

En plena crisis política y económica, justo antes de las últimas elecciones anticipadas, el presidente Daniel Noboa no dudó en entregar un bono de 507,60 dólares a policías y militares. ¿A cambio de qué? De nada. O más bien, a cambio de lealtad absoluta, de su subordinación incuestionable como fuerza de choque contra cualquier intento de rebelión popular.

No nos duele la muerte de los militares, en absoluto. No somos hipócritas ni oportunistas. Tampoco podemos decir que nos alegra; no obstante, la entendemos. Porque estas muertes no son hechos aislados ni accidentes trágicos: son el resultado directo de la dinámica de violencia impuesta por el imperialismo y por la gran burguesía, hoy representada por un desequilibrado vanidoso, con serias ínfulas de fascista.

Este es el precio de sostener un orden injusto, podrido, que se cae a pedazos y que arrastra consigo no solo a sus defensores uniformados, sino a todo un pueblo empobrecido, violentado y despojado. Nosotros no vamos a fingir duelo por quienes sostienen el fusil contra las masas. Nuestra lealtad está con las masas, con los que resisten, con los que sangran sin reconocimientos, sin historia…

La violencia en la que nos ahogamos, no es un fenómeno externo, no es una anomalía. Es el síntoma terminal de un Estado moribundo, incapaz de sostenerse sin represión ni corrupción. La sangre corre por todo el territorio, pero no es una guerra del pueblo contra el crimen, en fin, de cuentas, es una guerra del Estado contra el pueblo.

Hoy, el imperialismo, el viejo Estado burocrático-terrateniente y el gobierno fascista de Noboa cosechan el trabajo sucio sembrado durante años por el revisionismo y el oportunismo. Han dinamitado sindicatos, desarticulado organizaciones populares y campesinas —especialmente las indígenas-campesinas—, y neutralizado espacios de lucha que antes albergaban a los sectores más combativos del pueblo. Los revisionistas y oportunistas han cumplido su función histórica al servicio de las clases dominantes: desmovilizar al pueblo, sembrar ilusiones electorales, domesticar la rabia popular.

Esa es la verdad. Y sí, es un escenario complejo en términos de correlación de fuerzas. Pero no nos arredra. No nos desalienta. Nos encabrita. Porque, a pesar de todo, hay masas que aún quieren —y van— a luchar por sus reivindicaciones más sentidas. Hay hambre, hay rabia, hay dignidad ofendida. Nos corresponde a nosotros organizar esa voluntad, atizarla, darle dirección y lanzarla a la lucha. Con claridad, con firmeza, sin concesiones.

Y ante eso, no tenemos otra salida que organizarnos, combatir y resistir.

 

¡LA ÚNICA SANGRE REIVINDICABLE ES LA DEL PUEBLO!

¡ORGANIZAR, COMBATIR Y RESISTIR!