La sentencia de la Corte
Constitucional con relación al asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas no
responde de manera integral a las expectativas del pueblo respecto de la
sanción que deberían recibir los militares, los mandos, el ministro de Defensa,
el Ministerio del Interior y el presidente de la República.
La Corte declaró que los niños
fueron privados de la libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por
patrullas militares y que el Estado no ofreció información inmediata,
satisfactoria ni convincente sobre su aprehensión ni su paradero. También sostuvo
que se trata de una de las violaciones más graves y reprochables del orden
constitucional e internacional de los derechos humanos. Hasta ahí, la Corte se
pronunció con un mínimo de objetividad. Sin embargo, a renglón seguido volvió a
sus viejos fueros de estupidez, complicidad e impunidad.
Veamos.
Los militares no solo
desaparecieron a los niños. Los torturaron, los asesinaron, los desmembraron y
los incineraron. Y después pretendieron entregar sus restos a las familias.
¿Qué vemos aquí? A unas Fuerzas Armadas haciendo lo que saben hacer: desaparecer,
torturar y asesinar. Y esto lo decimos en referencia al caso de los cuatro
niños de Las Malvinas, pero no se trata de una acusación retórica ni de una
hipérbole. Es la expresión brutal de un patrón de conducta que, en distintos
momentos, ha involucrado a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional.
¿Y por qué la Corte resulta
estúpida? Por sus llamadas medidas de reparación.
Porque nada va a devolverles la
vida a esos niños. Eran niños. Tenían derecho al futuro, incluso en medio de la
pobreza y la miseria. Tenían derecho a crecer, a vivir, a soñar, a sobrevivir. Por
otro lado, nada va a devolverles a sus padres a sus hijos, asesinados de la
manera más vil y cruel por manos militares.
Como si hubieran hecho algo
trascendente, la Corte ordena que el Estado pida disculpas. ¡Payasos! ¿Quién va
a pedir disculpas? ¿El presidente que insinuó que los niños eran delincuentes?
¿El ministro de Defensa que aseguró que eran delincuentes y que habían
desaparecido en riñas entre bandas? ¿Quién tiene autoridad moral para pedir
disculpas por un crimen de esta magnitud? Nadie. Absolutamente nadie.
¿Acaso las disculpas solucionan
algo? El Estado no se purga con disculpas. Ni siquiera reconociendo que actuó
como una maquinaria criminal repara lo que hizo. La disculpa, en este caso, no
alcanza ni siquiera para rozar la dimensión del horror.
Pero van más allá. Ordenan que el
caso de los cuatro niños sea incorporado al Museo de la Memoria. ¿A cuál museo?
Ni siquiera el museo que debía construirse a partir de las recomendaciones de
la Comisión de la Verdad, con relación con los crímenes de lesa humanidad
cometidos años atrás, fue levantado donde correspondía. El decreto dispuso su
ubicación en las antiguas oficinas del Servicio de Investigación Criminal de
Pichincha, y terminaron reduciéndolo a un espacio marginal en el subsuelo de
una institución pública. Vaya estupidez. Y, además, ¿en qué repara, en términos
reales, que el caso sea exhibido allí? ¿Qué resuelve? ¿Qué devuelve? ¿Qué
transforma?
También disponen la recuperación
de un espacio público en Guayaquil, la declaración del 8 de diciembre como día
de conmemoración nacional y atención psicológica, psiquiátrica y médica
gratuita para los familiares. Pura patraña. Pura basura institucional que no
dice nada. No les dice nada a las masas, no les dice nada a los familiares de
las víctimas, y probablemente tampoco les diga nada a quienes la redactaron,
porque ni ellos deben saber qué quisieron expresar con esa retórica vacía.
Y, por último, como dicen por
ahí, la cereza del pastel: disponen el pago compensatorio de USD 10.000 por
cada uno de los cuatro niños. Así, como se lee: diez mil dólares por cada niño
asesinado.
Veamos la magnitud del insulto.
Un general gana en dos meses lo que pretenden entregar por la vida de cada
niño. En cualquier derroche del poder se gasta más que eso. En la escala del
privilegio, del lujo y de la obscenidad del poder, esos diez mil dólares no
representan nada, mucho menos reparación; por el contrario, representan
desprecio. Tan solo la cartera de la “primera dama”, que, por cierto, le gusta
lucir sus prendas de marca, caras, tiene un valor igual o superior a todo el
monto que recibirían los padres de los cuatro niños. No se diga el vehículo
deportivo que utiliza el miserable de Noboa para insultar la miseria y pobreza
de nuestro pueblo.
Una cifra así no honra la memoria
de los niños ni reconoce la devastación causada a sus familias. Es una suma
miserable frente a un crimen monstruoso. ¡eso cuesta o vale la vida de hijos
del pueblo para el gobierno criminal!
Una patraña sin nombre. Un
verdadero insulto.
Las familias de Josué, Ismael,
Steven y Nehemías no solo recibieron la noticia de una muerte. Antes
atravesaron la incertidumbre, la búsqueda, la angustia, la espera, la
contradicción institucional y el desgaste de exigir a las autoridades una
verdad que debió ser inmediata. Ese trayecto también forma parte del daño. Por
eso, cuando se mira la sentencia desde la experiencia humana de los familiares,
aparece una pregunta incómoda pero necesaria: ¿puede una reparación sentirse
realmente integral cuando la magnitud del sufrimiento desborda de manera tan
evidente las medidas adoptadas? La respuesta no exige estridencia; exige
honestidad. Y este gobierno miserable no sabe nada de eso.
Mandaron a la cárcel a quienes se
ensuciaron las manos con la sangre de los cuatro niños, pero dejaron intactos a
los oficiales superiores. Dejaron fuera de toda responsabilidad política a
quienes, desde el gobierno, negaron la participación militar, sembraron
versiones falsas y buscaron instalar la idea de que los niños eran
delincuentes. No solo se encubrió el crimen: también se intentó ensuciar a las
víctimas para proteger a los responsables.
Y, por supuesto, no se atribuye
responsabilidad al fascista de Noboa. Es el comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas y también salió a decir barbaridades sobre los niños mientras el Estado
hacía lo posible por encubrir su propia responsabilidad. En cualquier Estado
que no estuviera podrido, la cadena de mando tendría consecuencias. Aquí no.
Aquí la impunidad sube de rango y se vuelve intocable.
Está claro, pueblo del Ecuador:
nunca, jamás, podemos esperar que el Estado se depure o se limpie a sí mismo.
Jamás podemos esperar que quienes detentan el poder y administran el aparato
burocrático paguen cárcel o asuman las responsabilidades que, a todas luces,
tienen en este crimen.
Nada de lo que venga de la
institucionalidad pública y legal sirve realmente a las grandes mayorías. Está
diseñado para sostener el poder de gente como Noboa y sus compinches; para
proteger a la gran burguesía y grandes terratenientes; blindar a los
responsables y administrar la indignación social sin tocar lo esencial de la
impunidad. Ese es el verdadero sentido de estas “reparaciones”: no reparar,
sino aparentar que se hizo justicia donde apenas se ha dosificado el fervor
mediático, la narrativa, y el escándalo.
¡CÁRCEL PARA TODAS
LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL CRIMEN DE LOS
4 DE LAS MALVINAS!
UNOS CENTAVOS,
UNAS FOTOS EN EL MUSEO, ¡NO REPARAN EL DAÑO CAUSADO A LOS FAMILIARES DE LOS
NIÑOS DE LAS MALVINAS!
¡NI PERDÓN NI
OLVIDO PARA LOS AUTORES MATERIALES Y QUIENES TIENEN RESPONSABILIDAD DESDE EL
GOBIERNO!
NOBOA Y SU
GOBIERNO SON ¡ASESINOS!
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