POR LOS COMUNEROS ASESINADOS EN TARUKA: ¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!

El Frente de Defensa de las Luchas del Pueblo del Ecuador expresa su solidaridad militante con la comunidad de Taruka, cantón Cascales, provincia de Sucumbíos, brutalmente atacada el 12 de junio de 2026 durante un operativo militar ejecutado bajo el pretexto de combatir la llamada “minería ilegal”.

Históricamente, las comunidades indígenas, campesinas y comuneras han complementado sus actividades agrícolas con la minería artesanal. Lo han hecho durante décadas, básicamente como una estrategia de supervivencia, completamente ajena a las actividades promovidas por grandes empresas mineras, redes violentas o por el propio Estado.

Mucho se ha satanizado la minería artesanal e informal. Desde el oportunismo ecologista, ese que, como diría Chico Mendes, no pasa de ser un “ecologismo de jardinería”, se ha condenado esta actividad metiendo en el mismo saco a la empresa minera transnacional, imperialista y depredadora, con aquella minería de subsistencia que responde a condiciones elementales de vida: falta de tierra, desplazamientos, ausencia de fuentes laborales, precariedad del trabajo en el campo, despojo de territorios por parte del Estado y abandono histórico de las comunidades.

Producto de la brutal arremetida del viejo Estado burocrático-terrateniente contra el campesinado pobre, miembros de las Fuerzas Armadas, apoyados por tanquetas y helicópteros artillados, atacaron literalmente a la comunidad de Taruka, agrediendo indiscriminadamente a sus moradores bajo el pretexto de combatir la “minería ilegal”.

¿El resultado? Tres comuneros asesinados y varios heridos.

Los miembros de la comunidad describen estos acontecimientos como actos de guerra. No solo hubo víctimas directas; también se afectó profundamente a toda la población: niños, niñas, ancianos y familias enteras que, aterrorizadas por el ataque armado, buscaron refugio internándose en la selva.

Una vez más, rechazamos la actitud y las declaraciones de la CONAIE, cuyos dirigentes, de manera absurda, tibia y funcional al Estado, en lugar de condenar esta masacre contra campesinos y mineros artesanales, a quienes ahora llaman eufemísticamente “ancestrales”, se limitaron a pedir que se “investigue el operativo”, que se determine si hubo “uso excesivo de la fuerza” y que “no se criminalice a las comunidades indígenas de la zona”.

Son expresiones apáticas, cobardes y hasta cómplices de dirigentes que se supone deberían defender los intereses de las comunidades y pueblos indígenas del país.

Está claro que no se trató de un simple “operativo”. Fue una acción criminal contra las masas campesinas, con muertos, heridos y desplazados. No se trató de “uso excesivo de la fuerza”; hubo uso de fuerza letal. Bajo la lógica de esos oportunistas, ¿debía haber uso de la fuerza, pero no “excesiva”? ¿Debía haber represión, pero moderada? ¿Debía haber ataque armado, pero con límites en sus procedimientos?

El Estado, el gobierno y el imperialismo constituyen una tríada de crimen, despojo, desplazamiento y criminalización. No están dejando margen para la vida digna de las masas ni espacio para enfrentar sus políticas de terror, militarización, cárcel y muerte.

Las masas ya no pueden seguir viviendo como hasta ahora; y las clases dominantes tampoco pueden seguir gobernando como lo han venido haciendo. Por eso recurren al fascismo abierto, a la persecución, al asesinato, a la ampliación de su red coercitiva y de castigo, con cárceles y campos de concentración como la cárcel de El Encuentro.

Las condiciones objetivas para que las masas se rebelen alcanzan un punto cada vez más agudo. Corresponde fortalecer las condiciones subjetivas para que la lucha de clases, la lucha antiimperialista, la lucha por la tierra, la dignidad y la vida tomen el único camino consecuente que tienen por delante: el camino de la rebelión popular organizada.

No podemos seguir atados a dirigencias cobardes y oportunistas. No podemos continuar a la cola de los caciques y gamonales del viejo Estado, que hoy se colocan al frente de las organizaciones indígenas, campesinas y sindicales del país para contener, desviar y domesticar la lucha popular.

Debemos impulsar nuevas formas de organización, capaces de ponerse ideológicamente al frente de las masas y de encauzar todas las potencialidades organizativas y combativas del pueblo para confrontar al Estado, al gobierno y al imperialismo. Combate que debe desarrollarse en todos los planos, si perder la perspectiva de que tendrán objetividad en la medidas que vayan de la mano en la necesaria e insoslayable lucha en contra del revisionismo y del oportunismo electorero.

POR LOS COMUNEROS ASESINADOS EN TARUKA: ¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!

POR LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA Y DE LA LUCHA POPULAR: ¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!

POR LA PAUPERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS CAMPESINOS Y DE LAS DEMÁS MASAS OPRIMIDAS Y EXPLOTADAS DEL PAÍS: ¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!

 ANTE LA CRIMINAL PRESENCIA DEL IMPERIALISMO EN EL PAÍS: ¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!

¡ORGANIZAR, COMBATIR Y RESISTIR!