CONDENA DE ÁLVARO URIBE, UNA PATRAÑA REFORMISTA DEL VIEJO ESTADO COLOMBIANO

El 1 de agosto de 2025, un tribunal colombiano emitió sentencia contra Álvaro Uribe Vélez: 12 años de arresto domiciliario, sanción económica y prohibición de ejercer funciones públicas.

Uribe no fue procesado por crímenes de lesa humanidad, actos terroristas, matanzas o vínculos con el paramilitarismo; no, el cargo fue por manipulación de testigos y fraude judicial. “Del lobo, un pelo”, dirán algunos oportunistas, sin comprender que esta sentencia no evidencia otra cosa que la incapacidad que tiene el viejo Estado burgués-terrateniente colombiano de depurarse desde por sí mismo.

En esencia, esta condena no constituye un acto de justicia, sino una puesta en escena jurídica, cuidadosamente orquestada para blanquear la imagen de un Estado asesino y garantizar la continuidad del entramado de poder de la gran burguesía y el latifundismo, al que Uribe representó y sirvió con fanática devoción criminal.

Álvaro Uribe no fue un gobernante más. Además de encarnar a la burguesía compradora, fue el principal representante de los grandes terratenientes feudales, responsables de aplicar viejas doctrinas represivas cuyo eje estratégico consistía en despoblar violentamente el campo colombiano para facilitar la ocupación armada de bandas criminales que luego operaron como capataces del nuevo latifundio, sostenido en economías ilegales.

Uribe fue el rostro más brutal y eficaz del terrorismo de Estado en Colombia. Durante su gobierno, miles de jóvenes pobres fueron asesinados por el Ejército y presentados como “guerrilleros dados de baja” en el caso conocido como los “falsos positivos”. Vidas truncadas para engrosar estadísticas, cobrar recompensas, conseguir ascensos y legitimar una guerra sucia contra el pueblo. Y, sin embargo, esa barbarie -como tantas otras que promovió y encubrió- jamás fue llevada a juicio.

La condena contra Uribe no toca el fondo del problema. No cuestiona su papel en la consolidación del paramilitarismo, en la expansión del narcotráfico bajo amparo institucional, ni en la persecución y el asesinato sistemático de líderes sociales, sindicalistas, campesinos y estudiantes. No lo procesa por genocidio, ni por crímenes de lesa humanidad, ni por su rol como ejecutor principal de la doctrina imperialista de contrainsurgencia aplicada con brutalidad en Colombia. Lo sanciona únicamente por un fraude procesal. Lo premia con una condena blanda, que incluye privilegios como el “arresto domiciliario”; es decir, una finca convertida en prisión. ¿Puede haber un desenlace más indignante para semejante criminal?

Uribe ha sido, durante años, una pieza clave del imperialismo estadounidense en su país y en la subregión andina. Aplicó con precisión el Plan Colombia, que no solo significó la militarización intensiva del país -especialmente de las regiones rurales-, sino también el despojo sistemático de tierras, el desplazamiento forzado de comunidades campesinas e indígenas, y la masacre de decenas de miles de personas pobres del campo. Dirigió la política de “seguridad democrática” con el respaldo de la CIA, el Comando Sur y asesores israelíes, bajo el falso pretexto de combatir el “terrorismo”, cuando en realidad ejecutaba un plan de exterminio contra el movimiento sindical, campesino y popular. No solo eso: exportó el modelo del Plan Colombia a países como Venezuela y Ecuador, como parte del proyecto contrarrevolucionario y antinacional del imperialismo yanqui.

Todo, absolutamente todo lo actuado por la justicia colombiana tiene un marcado carácter de clase. Cuando esta “justicia”, este Estado, “sacrifica” levemente al carnicero, al paramilitar, al criminal Álvaro Uribe, lo hace no en nombre de la ley, sino en función de los intereses del imperialismo y del viejo orden burgués-terrateniente. No lo envían a la cárcel, al infierno al que él arrojó a miles de campesinos, líderes sindicales, estudiantiles, indígenas y populares a quienes encarceló, torturó, asesinó, desapareció o desplazó. No, lo castigan a medias, mediante una figura legal que se asemeja más a un retiro forzado de la política nacional que a una verdadera sanción penal.

Si hay quienes aún creen que el gobierno de Petro está cumpliendo las expectativas de justicia de las amplias masas, están profundamente equivocados, sueñan despiertos. Esta farsa judicial no es más que un ‘saludo a la bandera’. Porque todos los que hoy detentan el poder en Colombia -grandes burgueses, y grandes terratenientes, aquellos que promovieron, financiaron y dirigieron las acciones de las hordas uribistas, incluidas las estructuras militares y judiciales que lo blindaron, siguen intactos. Los beneficiarios del despojo y el terror siguen donde estaban. El uribismo no ha muerto: se ha reciclado y reprogramado con un discurso de “conciliación nacional”. Y ni siquiera el actual gobierno, burgués y reformista, ha mostrado la voluntad política de desmontarlo.

Hay que recordar que el pueblo ecuatoriano también víctima forzada del Plan Colombia, de la brutalidad uribista, del paramilitarismo y de la violencia criminal ejercida por los aparatos represivos del Estado colombiano en ‘nuestro’ territorio. Recordemos los bombardeos de Angostura, o el desplazamiento forzado de campesinos y comunidades indígenas a lo largo de la frontera Ecuador-Colombia; en esa medida, no celebramos ni nos manifestamos afables a esta “condena”, presentada como una parodia de justicia. Denunciamos esta farsa, que no es más que un insulto a las masas de campesinos y pobladores pobres que fueron blanco de este criminal. Rechazamos esta maniobra del gobierno y del Estado colombiano, que intenta aparentar justicia sin desmontar, en lo más mínimo, el engranaje de muerte que lo hizo posible.

El proletariado y pueblo del Ecuador, rechaza contundentemente el irrestricto apoyo que han emitido los ex presidentes Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso, Lenin Moreno y Jamil Mahuad, en favor de Álvaro Uribe y en contra de su ‘tibia’ sentencia. De igual forma, rechazamos la campaña de “apoyo” que ha tenido el ‘matarife colombiano’ por parte de funcionaros del régimen de Noboa; de hecho, está por demás señalar que, lo manifestado por los ex presidentes y el gobierno, no expresa el sentir de las grandes mayorías de explotados y oprimidos del país. Y, sobre todo, reafirmamos que la verdadera justicia no vendrá de las instituciones que administran la impunidad, sino del pueblo movilizado, consciente y organizado. Recordemos, solo el pueblo castiga a sus verdugos, y, la sanción, no sería precisamente un halagador retiro a una hacienda con cientos de hectáreas, caballos de ‘pura sangre’ y amaneceres con sol. ¡No!, Rafael Trujillo de República Dominicana (1961), Carlos Prats, ex comandante del ejército Chileno en 1974 y Anastasio Somoza (1980) son claro ejemplo del destino que necesariamente deben tener los asesinos del pueblo.

¡NI PERDÓN NI OLVIDO A LOS VERDUGOS DEL PUEBLO!

¡ORGANIZAR, COMBATIR Y RESISTIR!