En días pasados, la gobernadora
de Imbabura, Gabriela Jaramillo, estuvo presente en Buenos Aires, Imbabura,
para reafirmar la política estatal de guerra en contra del campesinado pobre y violentar
la soberana decisión de las masas de oponerse a la presencia de la empresa
minera Hanrine.
Esta tipeja, ganapán de los
grandes terratenientes y la gran minería, amenaza a la población con fortalecer
la presencia de militares y policías argumentando que, atrás de la negativa y
resistencia a la explotación minera, existen grupos afables a la minería ilegal
para expulsar a la transnacional minera; declaración infundada que busca
CRIMINALIZAR la justa lucha de las masas campesinas en contra de la depredación
de los recursos naturales.
Hasta aquí las brega campesina por
la tierra y la vida ha sido preponderantemente
pacífica, sin que esto niegue que también se hayan realizado legítimas y necesarias acciones de fuerza para
tratar de detener la voracidad del viejo Estado y de la empresa minera; sin embargo,
la represión y persecución de luchadores populares han configurado la región
como un verdadero teatro de guerra donde se ha restringido los más
elementales derechos constitucionales de
libre circulación y asociación, además, de realizar permanentes ataques armados
a los campesinos que protestan en contra de la explotación minera.
Por las distintas vías de Buenos
Aires y sus alrededores circulan patrullas de militares con dotación de guerra;
carros blindados, retenes; allanamiento de fincas y viviendas; sobrevuelos a
aeronaves del ejército y la FAE; despliegue de equipos de inteligencia, cuyo
objetivo principal es el de operar sobre los compañeros dirigentes, desinformar
a la población y propiciar contraponer masas contra masas; esto es, organizar
grupos de choque patrocinados por la minera para que deslegitimen la
organización y lucha de los campesinos.
Nadie puede romper el estado de sitio; tampoco
caminar libremente por cualquier lugar de Buenos Aires sin ser abordado por los
aparatos represivos. Se restringe las reuniones políticas o cualquier otra manifestación
en contra de la minera. Cualquier visitante es investigado, se toman fotos de
los documentos. De igual forma, se filman y fotografían vehículos y a sus
ocupantes. Si se entra al poblado y a ciertas zonas donde opera la minera, solo
se lo puede hacer “acompañados” por policías o militares. Si por alguna razón,
el argumento o justificación del por qué se ingresa a la comunidad no satisface
a la represión, se impide el acceso a la misma.
A las masas no les queda otro camino
sino la radicalización de la lucha en defensa de la tierra.
Hay que COMBATIR Y RESISTIR; es
lo que debemos hacer. No hay que dejarse intimidar por el discurso hueco,
reaccionario, militarista, represivo y entreguista de la gobernadora, hiena
servil al viejo Estado.
No hay que dejarse intimidar por
la soldadesca y su armamento, ¡son tigres de papel!
La lucha por la tierra y la lucha
en contra de la gran minería es una lucha justa; la respuesta represiva del
viejo estado solo atiza la creciente protesta popular, eso hay que entender; no
se puede convocar al diálogo cuando hay la posición intransigente y definitiva
de las autoridades de no retirar el programa minero en la región. Al no existir
esos puentes de comunicación y consensos, pues bien, solo nos queda la lucha,
decidida, implacable e indefinida hasta que la empresa minera se retire de
Buenos Aires.
Si el viejo Estado quiere fomentar
la economía y mejorar los niveles de vida de los comuneros de Buenos Aires,
QUE ENTREGUE LAS TIERRAS CONCESIONADAS A
LA GRAN EMPRESA MINERA A LOS CAMPESINOS
POBRES.
LA LUCHA EN DEFENSA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA ES LEGÍTIMA Y JUSTA
EXIGIMOS LA DESMILITARIZACIÓN DE BUENOS AIRES
EXIGIMOS LA SALIDA DE LA EMPRESA MINERA DE BUENOS AIRES
RECHAZAMOS LOS TRINOS DE GUERRA EMITIDOS POR LA GOBERNADORA DE IMBABURA
¡COMBATIR Y RESISTIR!
¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!
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