Más de 20 muertos y otro tanto
similar de desaparecidos después del fuerte aluvión en La Gasca, barrio centro-occidental
de Quito.
¡Cuánta desgracia!; como siempre,
parecería que la naturaleza se ensaña con los más pobres, con aquellos que
tienen que buscar cualquier espacio físico, por más hiperdegradado que sea para
poder construir sus viviendas, escenarios geográficos con innumerables peligros
naturales y que además son potenciados por la miseria.
Las autoridades municipales
básicamente señalan que la responsabilidad es de quienes construyen viviendas
en áreas no autorizadas, en “zonas de riesgo”.
Lo que no se dice es que el viejo
Estado burocrático-terrateniente no puede ni quiere solucionar el grave problema
de vivienda que aqueja a las mayorías; que las masas, para mediovivir, levantan
cuatro paredes y un rústico techo en cualquier espacio donde elementalmente sea
posible hacerlo, tanto así que han tenido la necesidad de habitar en sectores
(como es el caso de la ciudad de Quito) que están sobre los 3.500 metros sobre
el nivel del mar, por encima de las faldas del Pichincha, sin transporte,
servicios básicos, vías, etc.
La lucha por tener una vivienda
en las grandes ciudades del país se ha convertido también en una lucha por la
tierra. En el Ecuador la figura de los terratenientes no necesariamente está
encadenada a la propiedad de grandes latifundios en el campo, en el área rural,
también se expresa en las ciudades, donde podemos hablar de la existencia del
latifundio urbano. No es extraño que poderosos grupos económicos como El Juri,
Deller, Uribe-Schwarzkopf, posean miles de hectáreas (fraccionadas en terrenos)
en el distrito metropolitano de Quito, concentrando la tierra destinada a
grandes proyectos inmobiliarios o la especulación en el mercado de bienes
raíces, en contraste a centenares de miles de quiteños que viven en terrenos
baldíos, mientras pueden; en quebradas, bajo los puentes o en áreas reducidas,
con una altísima tasa de densidad y precariedad.
La gran concentración de tierras
urbanas es un proceso que está atado al clientelismo político. Deller, la
familia Paz Delgado, (entre otros) se ha posicionado en vastas extensiones de
tierra urbana a través de la concesión de importantes espacios urbanos y
periféricos. Terrenos como el del Centro Comercial San Luis y El Jardín, como
ejemplo, son producto de dolosas concesiones por 99 años sin que de por medio
estos grupos económicos hayan tenido que pagar un solo centavo por esas
tierras. No diferente sucedió con el complejo deportivo de la Liga Deportiva
Universitaria en La Pampa, en Quito, la figura de la concesión lo resuelve todo
en favor de las clases dominantes.
Otro vehículo para el
apropiamiento de tierras es la gentrificación, es decir, el desplazamiento o
expulsión de las masas de áreas con potencial para la inversión y alta
perspectiva de renta. Los acaparadores, amparados en la corrupción de alcaldes
y autoridades municipales se apropiaron de tierras que pertenecían inclusive a
comuneros, como sucedió en los barrios de Cumbayá (Tanda), cerro El Auki,
Calderón, etc.
El aluvión que ha afectado a miles
de familias que viven en la periferia urbana no solo es producto de un fenómeno
natural, sino que también expresa la crítica situación en la que tienen que
vivir los sectores populares más deprimidos, explotados y marginados. Los
responsables están plenamente identificados, el viejo Estado, los nuevos grupos
de latifundistas urbanos, las autoridades municipales clientelares y corruptas,
y una caduca sociedad que permanente y sistemáticamente empujan a los más
pobres, a los miserables, a los parias, a la desgracia y a la muerte.
El Frente de Defensa del Pueblo
del Ecuador expresa su más profunda solidaridad con las masas afectadas, sobre
todo aquellas que han perdido a sus familiares producto de la inacción estatal.
Para los responsables, nuestro más sentido odio de clase.
¡NI PERDÓN NI OLVIDOS
PARA LOS VERDUGOS DEL PUEBLO!
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