Ante la cruenta arremetida de
efectivos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y de la Policía Nacional contra el
pueblo ecuatoriano, particularmente en la provincia de Imbabura, el Frente de
Defensa de las Luchas del Pueblo del Ecuador manifiesta:
1) Derecho
a la resistencia.
El artículo 98 de
la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de individuos y
colectivos a resistir frente a acciones u omisiones del poder público o de
particulares que vulneren o amenacen derechos. Ese mandato constitucional,
sumado a la voluntad inequívoca de las grandes mayorías de no seguir viviendo
en la precariedad, legitima nuestra resistencia organizada frente a la
violencia estatal y a las medidas antipopulares del régimen fascista de Daniel
Noboa.
Fundamentos
- Uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza.
Se han
desplegado medios violentos, desproporcionados y crueles contra manifestaciones
pacíficas, contraviniendo los principios de legalidad, necesidad y
proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza estatal.
- Empleo de armamento y munición letal contra
población desarmada.
La utilización de armamento letal en contextos de control de multitudes constituye una violación grave de derechos humanos y un incumplimiento del deber estatal de proteger la vida y la integridad. - Sevicia y crimen de Estado.
El cobarde
asesinato por la espalda del compañero Efraín Fuerez; la vejación de su cuerpo
moribundo e inerte, así como la brutal y abyecta agresión del compañero que
prestaba ayuda al abatido por las horas criminales de las FFAA, configuran un
crimen de lesa humanidad y de Estado.
- Sabotaje a servicios esenciales.
Durante las
jornadas de protesta en Imbabura se registraron cortes de energía eléctrica e
Internet en varias comunidades. Estas interrupciones arbitrarias afectan
derechos fundamentales (comunicación, información, educación y salud) y buscan
bloquear la denuncia y el control social.
- Cooptación institucional e infiltración del crimen
organizado.
Existen
denuncias sobre militancia activa de funcionarios de FF. AA. y Policía en
Grupos Delictivos Organizados (GDO), expresada en corrupción, protección de
intereses ilícitos y captura de funciones públicas; ello erosiona la
legitimidad y la finalidad constitucional de dichas instituciones.
Por tanto
DECLARAMOS a las FF. AA. y a la
Policía Nacional INSTITUCIONES DE CARÁCTER TERRORISTA, por la práctica
sistemática de violencia estatal contra la población, el uso de métodos criminales,
intimidatorios y la siembra de terror en comunidades y sectores populares
mediante acciones ilegales y desproporcionadas.
Exigencias inmediatas
- Cese total de la represión: fin del empleo de
armamento letal, de la violencia institucional y de toda forma de castigo
colectivo (incluidos cortes de servicios).
- Restitución plena de garantías constitucionales:
libertad de expresión, reunión y protesta; levantamiento de bloqueos a
cuentas y bienes de dirigentes y organizaciones.
- Investigación independiente y con veeduría nacional
e internacional, para identificar responsables materiales y mandos;
sanciones efectivas conforme a la ley.
- Reparación integral a las víctimas: atención
médica, indemnización y garantías de no repetición.
El pueblo ecuatoriano mantiene y
ejercerá su derecho a resistir hasta que cesen las medidas antipopulares y la
violencia estatal. La represión no conjura la rebelión.
¡FF. AA. Y POLICÍA
NACIONAL: ¡INSTITUCIONES TERRORISTAS Y SEDICIOSAS!
¡SANCIÓN PENAL Y
POPULAR PARA LOS RESPONSABLES DE LA VIOLENCIA CONTRA EL PUEBLO!
¡LA VIOLENCIA
ESTATAL ATIZA LA INDÓMITA VOLUNTAD DE LUCHA DEL PUEBLO!
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