Las Fuerzas Armadas y la Policía del Ecuador son un burdo instrumento
político-represivo de los EEUU y del sionismo criminal en lo que queda de
nuestro país han despotricado violentamente, les han soltado las riendas, son
como una mula desbocada dando patadas en todas direcciones.
Se han convertido sin rubor alguno, sin disimulo, en instrumentos de una
política de guerra interna, militarización y persecución que golpea, en primer
lugar, a los sectores más pobres del pueblo.
En los últimos días han desatado una campaña de bombardeos en varias
provincias del país. Los mismos medios de prensa oficial señalan operativos
militares con bombardeos y uso de armamento pesado en zonas de Carchi e
Imbabura, así como en el Parque Nacional Podocarpus, en Zamora Chinchipe, Azuay
y Sucumbíosdentro de una ofensiva extendida a varias provincias. Acciones de
guerra que el país no las vivió ni siquiera en los conflictos armados con el
Perú.
Con alevosa insania, las Fuerzas Armadas volvieron a bombardear ayer la
frontera norte, en El Chical, provincia del Carchi. Lo hicieron en una zona
habitada por campesinos pobres, incluidos algunos que, de manera eventual,
recurren a la minería artesanal como estrategia complementaria a su trabajo
agrícola.
Las áreas atacadas quedan tan devastadas que los campesinos ni siquiera
pueden ingresar a buscar a otros compañeros de faena, porque, como es evidente,
todo lo que se encuentra dentro del perímetro de las explosiones resulta
completamente arrasado.
Y, como si esa locura no bastara, los militares, siguiendo al pie de la
letra instructivos sionistas, después del bombardeo esperan apenas unos minutos
y vuelven a atacar la zona afectada, con la finalidad de rematar a las víctimas
o asesinar a quienes intentan socorrerlas.
Los bombardeos indiscriminados y todo el andamiaje represivo, cobra
víctimas. El bombardeo ejecutado el 6 de marzo de 2026 en Sucumbíos, cerca de
la frontera con Colombia, no habría caído sobre un “campamento criminal” como
sostuvo el Gobierno, sino sobre una granja lechera en la que también había
viviendas de campesinos. La operación contó con apoyo de Estados Unidos, que
desplegó un helicóptero militar para asistir al Ejército ecuatoriano, mientras
desde Washington se habló de un ataque contra “narcoterroristas”. Sin embargo,
reportes del New York Times, de la AFP y de la Alianza por los Derechos Humanos
recogen testimonios y evidencias que apuntan a una realidad mucho más brutal:
población campesina atrapada en medio de la lógica de guerra, destrucción de
bienes civiles, detenciones previas y denuncias de tortura. Más que una acción
“quirúrgica”, lo que emerge es el drama de familias rurales convertidas en
blanco o daño colateral de una política militar que arrasa primero y justifica
después.
Quienes cargan el peso de ese terror, de esa violencia son los campesinos
pobres y los moradores de las barriadas pauperizadas por el régimen y las
transnacionales; los que viven de la tierra, cuando la tienen, los que trabajan
en condiciones miserables, los que no tienen caminos, ni hospitales, ni agua
suficiente, ni la protección elemental que un Estado dice garantizar. La
militarización no llega a esos territorios para combatir al narcotráfico,
¡porque ellos son los narcotraficantes!; llega para profundizar la miseria, el
despojo, la semifeudalidad de una forma más brutal. Los campesinos están siendo
desplazados, se los arranca de la tierra, de sus territorios; se crean vacíos
poblacionales que son ocupados por delincuentes con fuertes vínculos con los
miembros de las FFAA y la policía; además, se promueve la creación de una nueva
capa de terratenientes cuyo centro es el delito.
Con el pretexto del estado de excepción y del toque de queda se han
normalizado allanamientos, detenciones y un clima de sospecha generalizada que
termina cayendo, una y otra vez, sobre hijos e hijas del pueblo sin vínculos
demostrados con estructuras criminales. La excepción se ha vuelto regla. La
guerra se ha convertido en lenguaje de gobierno. Y así, poco a poco, el país ha
sido empujado hacia una forma de autoritarismo cotidiano, no siempre proclamado
con ese nombre, pero sí ejercido todos los días en los barrios, en las
comunidades, en las carreteras, en las ciudades y en la vida de quienes hoy
sienten que el Estado irrumpe, ocupa, intimida, castiga y asesina…
En este contexto represivo, lo ocurrido con el Centro Cultural
Ecuatoriano-Iraní en Quito tiene una gravedad política crítica. El 28 de
febrero de 2026, mientras en el lugar se realizaba una reunión religiosa por
Ramadán, un grupo de agresores promovidos por el Mossad, atacó el recinto con
piedras, palos y gas. La prensa reportó personas heridas, daños materiales y
escenas de miedo en un espacio donde había familias, asistentes a una ceremonia
religiosa y miembros de una comunidad reunida pacíficamente. Un acto de odio en
el que incluso aparecieron banderas de Estados Unidos e Israel. Fue una
agresión deliberada que da cuenta de los niveles de dirección que tiene el
sionismo en nuestro país.
Pero la sevicia del gobierno títere fue más allá; este 25 de marzo, miembros
de la policía detuvieron al clérigo iraní y director del Centro Cultural
Ecuatoriano-Iraní, Mohammad Khodadadi. Según la versión oficial difundida ese
mismo día, la captura fue justificada con acusaciones de presuntos nexos con
Hezbollah, con la Fuerza Quds y con socios comerciales vinculados a un
testaferro de Leandro Norero. ¡Patrañas! Está clara la existencia de un patrón
de hostigamiento y estigmatización que debe ser desenmascarada y rechazada
militantemente.
El gobierno de Daniel Noboa ha sobrepasado todos los límites legales. Ha
empujado al país hacia un atolladero represivo en el que la violencia híbrida,
de narcos y aparatos represivos, se ha vuelto cotidiana. Lo que están viviendo
las grandes mayorías es la ofensiva corporativa y criminal del fascista. Noboa,
ha devenido en un dictador, y sí, ahora se siente seguro, firme, tiene el respaldo
de los EEUU e Israel. Sí, en verdad, lo tiene, pero también tiene los pies de
barro, y pronto caerá.
Ante esta situación, expresamos nuestra más sentida, firme y combativa
solidaridad con el compañero Mohammad Khodadadi, con el Centro Cultural
Ecuatoriano-Iraní, con sus familias, con su comunidad y con todas las personas
que fueron blanco del ataque del 28 de febrero y del posterior hostigamiento
estatal. Expresamos también nuestra solidaridad con las comunidades campesinas
y populares afectadas por los bombardeos, con las familias desplazadas, con
quienes viven bajo el peso de los operativos y con todos los sectores del
pueblo ecuatoriano que hoy padecen la militarización, la persecución y la
arbitrariedad.
Exigimos el cese del hostigamiento contra el Centro Cultural
Ecuatoriano-Iraní, el respeto pleno a los derechos y garantías del sheij
Mohammad Khodadadi, el esclarecimiento y sanción de los responsables del ataque
violento de febrero, y el fin de una política de bombardeos, militarización y
represión que está sembrando dolor y vulnerabilidad sobre los campesinos.
Frente al miedo que quieren imponer, corresponde fomentar la organización, la
combatividad y la resistencia.
¡ALTO A LA PERSECUCIÓN DE LUCHADORES POPULARES!
¡NO MÁS AGRESIÓN AL CAMPESINADO POBRE!
¡NI PERDÓN NI OLVIDO PARA LOS VERDUGOS DEL PUEBLO!
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