LA CRISIS DEL CAPITALISMO BUROCRÁTICO, BASE DE MANTA Y MISERIA DEL VIEJO ESTADO BUROCRÁTICO -TERRATENIENTE

La crisis de violencia en Ecuador es insostenible. La tasa de homicidios asciende a 29 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas en la historia reciente del país. Este aumento de la violencia está vinculado, en gran medida, a la expansión de bandas criminales relacionadas con el narcotráfico, que utilizan Ecuador como corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Sin embargo, más allá de esto, la violencia es la consecuencia ilegítima de la crisis del capitalismo burocrático.

El impacto social de esta violencia es devastador. Ciudades como Guayaquil, Manta y Esmeraldas se han convertido en epicentros de la criminalidad, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a niños, niñas, mujeres, ancianos y ciudadanos comunes que, en la actualidad, forman parte de lo que las autoridades pomposamente llaman “daños colaterales” o “víctimas colaterales”.

El gobierno actual, liderado por el bananero, se ha limitado a implementar varios estados de excepción en diferentes provincias y a ordenar a las Fuerzas Armadas y la policía que hagan uso de sus armas de fuego sin miramientos, con el aval del régimen. Por otro lado, delincuentes comunes, como aquellos que roban celulares, conviven con ciudadanos del pueblo masacrados por las bandas criminales. Entre los muertos, no son pocos los niños, como aquel de 12 años ejecutado por el ejército bajo el pretexto de pertenecer a una banda criminal.

Paralelamente, la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y la policía ha agravado la situación. Investigaciones recientes han revelado vínculos entre miembros de estas instituciones y organizaciones criminales, especialmente aquellas relacionadas con el narcotráfico. Se han documentado casos en los que oficiales han facilitado el tráfico de drogas y armas, lo que ha socavado la confianza pública en la capacidad de estas instituciones para garantizar la seguridad.

El impacto social de esta corrupción es profundo. La percepción de impunidad y complicidad entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado alimenta la crisis del viejo Estado.

Simultáneamente, Ecuador atraviesa una crisis económica significativa. En lo que va de 2024, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no alcanza ni el 1%, una cifra que palidece en comparación con otros países de la región. La deuda pública superó los 66,000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 65% del PIB, generando la incapacidad del Estado para atender los requerimientos más básicos de las grandes mayorías.

El desempleo y el subempleo también muestran cifras alarmantes. La tasa de desempleo en 2024 se situó en 5.1%, mientras que el subempleo afecta a más del 62% de la población económicamente activa. El resto se encuentra en una situación de desesperanza, “comiéndose la camisa” en el limbo. Pero lo más alarmante de estas estadísticas económicas es que del 62% de subempleados, el 37% percibe un promedio de 3 dólares diarios. Esto ha agravado los niveles de pobreza, que ya afectan al 27% de los ecuatorianos, y la pobreza extrema, que afecta al 10.7%.

A esto se suma la inflación, que cerró el año en un 3.8%, impulsada principalmente por el aumento en los precios de los alimentos y el combustible. Además, la crisis energética agudiza aún más la situación crítica del país. Los apagones han generado incontables pérdidas para los pequeños comerciantes y productores, quienes, al no contar con privilegios ni “estímulos” estatales para la compra de combustibles y energía, se ven obligados a cerrar sus negocios, multiplicando los niveles de desempleo en el país.

Mientras todo esto sucede, la Asamblea, el gobierno y los partidos políticos están enfrascados en la campaña electoral, indiferentes ante la situación que viven las grandes mayorías. ¡Miserables! Poco importa a qué partido pertenezcan o si en ocasiones se presentan como “revolucionarios” o “líderes del pueblo”. Todos ellos están atravesados por el electorerismo y el oportunismo, algo que, al igual que las acciones de los verdugos del pueblo, no tiene perdón ni olvido.

En el campo, la situación es aún peor. El escenario que se vive en las ciudades se multiplica exponencialmente en las áreas rurales, donde los campesinos son desplazados de sus tierras para que las bandas criminales se posicionen, especialmente en zonas mineras. Los campesinos pobres son extorsionados y obligados a pagar “impuestos”. No pocos jóvenes son literalmente forzados a unirse a las bandas delictivas, convirtiéndose en “carne de cañón”. Los terratenientes y burgueses compradores no ven esto, simplemente ordenan que los maten.

Para agravar la situación, el gobierno ahora propone reabrir la base aérea de Manta al imperialismo yanqui. Como hemos dicho antes, detrás de este descalabro económico y social marcado por la violencia y la miseria, están las manos del imperialismo estadounidense. Crean las condiciones óptimas para que el gobierno títere justifique su presencia e intervención. Esa es su pútrida esencia: generar disturbios y crisis, para luego aparecer como los “salvadores”.

La crisis del capitalismo burocrático debe, necesariamente, desembocar en la revolución. Es un hecho. Ellos ya no pueden gobernar con facilidad, deben recurrir a la mentira, al engaño, a la calumnia y a la violencia. Es evidente que las masas tampoco desean seguir viviendo en el hambre, el dolor y la angustia. No podemos esperar a que las condiciones subjetivas estén listas, el momento es ahora, no mañana. ¡Salvo el Poder, todo es ilusión!

¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!

¡ORGANIZAR, COMBATIR Y RESISTIR!