El 15 de marzo de 2026 se dio inicio a un proceso de mayor
reaccionarización del viejo Estado y de ampliación de la guerra contra el
pueblo.
El gobierno fascista y entreguista de Noboa amplió el estado de emergencia
y decretó un toque de queda en cinco provincias del país; un salto en la lógica
de militarización, control y represión que el régimen viene consolidando como su
único programa de gobierno.
Desde esa fecha, en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los
Tsáchilas, la libertad de tránsito quedó suspendida entre las 23:00 y las
05:00, en aplicación del Decreto Ejecutivo 329, que reformó el estado de
excepción vigente desde el Decreto 311. La medida se montó, además, sobre un
régimen excepcional más amplio que alcanza a nueve provincias y tres cantones
del país.
Lo que el régimen propone como una cruzada por la seguridad es, en
realidad, un componente de la campaña militar establecida por el criminal de
guerra Trump para los países de esta América dolida. Campaña que expresa
inoperancia y deviene en una confesión abierta de la impotencia política del
régimen. Noboa no puede, ni quiere, ofrecer empleo, salud, infraestructura
social ni seguridad; sobre la base de una narrativa torpe, lela y confusa, se
centra en lo que él llama “seguridad” y decide entonces imponer militares
asesinos, retenes, patrullas y amenazas penales.
El toque de queda cae sobre trabajadores que regresan tarde a casa, sobre
mujeres que sostienen la vida en condiciones precarias, sobre jóvenes de
barriadas populares convertidos por defecto en sospechosos, sobre
transportistas, vendedores, campesinos y pobladores que tienen que moverse aun
cuando el Estado les ordena inmovilidad.
Precisamente, estas provincias están en estado de emergencia, pero no la
declarada por el gobierno, sino la que padecen moradores y campesinos que
están, literalmente, bajo el agua, producto no solo del duro invierno, sino de
la falta de infraestructura, alcantarillado, canales de desfogue, etcétera.
Ahí, en las barriadas pobres, el calor arrecia, los zancudos y otras plagas
generan enfermedades endémicas y sí, las masas, aquellas que tienen techados de
zinc o de hojas de bijao, salen a las calles hasta altas horas de la noche para
no asfixiarse por el calor extremo que se genera en sus viviendas. Ahora no;
deben someterse a la precariedad en la que viven porque al gobierno se le
ocurrió criminalizarlo todo.
La coartada oficial pretende darle a todo esto una apariencia técnica. El
propio Decreto 329 sostiene que, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de
2026, en Guayas el 31 % de los homicidios intencionales ocurrió entre las 23:00
y las 05:00, y en Los Ríos el 29 % se concentró también en esa franja. El mismo
texto reconoce que en Guayas, de 24 operativos ejecutados en enero, el 58 % se
realizó en horario nocturno, pero apenas el 22 % produjo resultados
“efectivos”, como detenciones de sospechosos. Es decir, incluso con sus propios
números, el régimen admite una maquinaria represiva enorme y un rendimiento
limitado. Pero, en lugar de revisar el fracaso de su estrategia, opta por una
salida brutal: restringir derechos a poblaciones enteras. Estamos citando que
las medidas de estado de emergencia y toque de queda involucran o afectan al 40
% del total de la población ecuatoriana.
Ese es el corazón del problema. No estamos ante una política de seguridad
orientada a desmontar las estructuras del crimen organizado, sus flujos
financieros, sus redes estatales y empresariales de protección, ni sus vínculos
con la corrupción institucional. Estamos ante una política diseñada para ocupar
el territorio, someter a la población y tratar de exhibir autoridad a cualquier
costo. Por eso el despliegue no es menor. El Ejército anunció la movilización
de 30.000 militares al inicio de esta nueva fase y la prensa reportó un
dispositivo combinado que supera los 75.000 efectivos entre militares y
policías. Eso no retrata fortaleza estatal; retrata una decisión de convertir
el espacio social en un campo de vigilancia permanente.
lo amargo de todo esto, más allá de la represión contra ciertas bandas
delincuenciales, la persecución a dirigentes populares, es que esta
demostración de fuerza tampoco nace sobre terreno limpio. llega en medio de una
profunda descomposición institucional, con denuncias persistentes de
corrupción, infiltración criminal, connivencia entre agentes estatales y
mafias, y una degradación general de los aparatos represivos.
Hace pocos días, el periodista Boscán dio a conocer una foto en la que se
puede ver claramente a un mayor de Policía, nada menos que jefe de delitos
transnacionales, oficina adscrita a la DEA y al FBI, quien, junto a otros tres
oficiales, mostraba la captura de un millonario cargamento de droga incautado a
una banda contraria, a la que le remitieron la imagen como evidencia del golpe
a los “adversarios”. En esas condiciones, entregar facultades extraordinarias a
las mismas estructuras que cargan sospechas de corrupción y abuso no significa
combatir a las bandas con mayor eficacia. Significa multiplicar el margen para
la arbitrariedad, para la venganza selectiva, para el uso discrecional de la
fuerza y para la persecución contra quienes incomodan.
El ministro del Interior ha recordado públicamente que incumplir el toque
de queda puede llevar a penas de uno a tres años de prisión, bajo la figura de
incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente prevista en el
artículo 282 del COIP. Durante la primera noche de aplicación de la medida ya
se reportaron 253 detenidos en las cuatro provincias bajo restricción. Así
funciona esta campaña represiva: no resuelve las causas estructurales de la
violencia, pero sí perfecciona con rapidez la administración de la represión
desmedida.
Lo verdaderamente inquietante es que se nos quiera convencer de que todo
esto es normal. No lo es. Un país donde la excepción y las campañas represivas
se vuelven rutinarias deja de percibir la gravedad de lo que ocurre. La
Constitución del viejo Estado permite estados de excepción en circunstancias
determinadas, pero también les impone límites materiales, temporales y de
control. El problema político no está solo en la legalidad formal del decreto,
sino en la consolidación de una cultura de gobierno que ha hecho de la
restricción de derechos, la presencia militar y el miedo social una herramienta
ordinaria de administración. Cuando la excepcionalidad se repite una y otra
vez, ya no estamos ante una respuesta transitoria: estamos ante un proyecto de
poder fascista.
El régimen insiste en presentar este camino como el único posible. ¡Miente!
Lo hace porque necesita instalar la idea de que fuera del control armado no
existe salida, y porque le conviene que el pueblo renuncie a detenerse a pensar
que, adicionalmente, están precarizando el trabajo, ampliando los índices de
desempleo, profundizando la falta de atención en salud y entregando más
territorios a las transnacionales de la minería. La militarización sirve
también para eso: para ocultar la bancarrota del capitalismo burocrático.
Por eso el toque de queda no debe leerse solamente como una medida de
seguridad. El estado de emergencia y el toque de queda en Ecuador no son una
simple respuesta local a la inseguridad, sino parte del nuevo libreto imperialista
de Trump para América: tratar a nuestros países como territorios de guerra,
imponer la lógica del enemigo interno y someter a los pueblos a la
militarización permanente. Al declarar a los carteles como amenaza terrorista y
ampliar las herramientas de “contraterrorismo” y fuerza extraterritorial,
Washington empuja a gobiernos serviles como el de Noboa a endurecer el control
social, restringir derechos y presentar la represión contra el pueblo como si
fuera una política de salvación nacional; además, es importante analizar que
estas medidas tienen otro mensaje implícito, obedecer, no protestar, no
rebelarse. El gobierno y quienes detentan el Poder necesitan calles vacías para
que su narrativa parezca orden. Necesita barrios inmóviles para que la
obediencia se confunda con paz. Necesita una sociedad fatigada, atemorizada y
vigilada para que la protesta parezca anomalía y la represión se venda como
necesidad.
Pero la historia nunca ha sido escrita solo por los decretos. También la
escriben quienes se niegan a aceptar que la humillación sea destino. En medio
de esta ofensiva reaccionaria, los sindicatos, los trabajadores, los sectores
populares y la juventud salieron a las calles el 13 de marzo para manifestarse
en contra del gobierno; obviamente, hubo represión cruenta, pero no pudieron
desmovilizar la voluntad de lucha, sobre todo, de los sindicalistas.
Urge contraproponer a la campaña represiva del imperialismo y del régimen,
organización, combate y resistencia. No podemos permitir que el gobierno siga
reprimiendo, hambreando y precarizando todavía más la vida de las masas;
tampoco podemos permanecer pusilánimes o acobardados, alentando “revocatorias
de mandato”, esas formas de lucha domesticadas que desarman la rebeldía popular
y la encadenan a la llamada “participación democrática”, siempre dentro de los
márgenes de movilidad política que impone el viejo Estado.
Hay que perder el miedo. Hay que volver a las calles, como ya se hizo la
semana pasada. Hay que impulsar el levantamiento campesino y popular como forma
de lucha, como respuesta legítima frente a un gobierno fascista apoyado en el
imperialismo y en las armas.
¡A PONER UN ALTO
AL GOBIERNO FASCISTA DE NOBOA CON ORGANIZACIÓN Y LUCHA POPULAR!
¡NO AL TOQUE DE
QUEDA Y DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA!
¡NO A LA
PERSECUCIÓN DE LUCHADORES POPULARES!
¡VIVA LA LUCHA EN
CONTRA DEL RÉGIMEN ASESINO DE NOBOA!
¡VIVA LA LUCHA
ANTIIMPERIALISTA!
¡VIVA LA
RESISTENCIA DEL PUEBLO IRANÍ!
¡VIVA LA
RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO!
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