La explotación minera en lo que hoy corresponde a los territorios del Ecuador
no es nueva; por el contrario, es de viaja data. Se estima que en nuestros
territorios se explota la minería desde hace 3.500 años, en el período de
Valdivia Tardío.
A lo largo de la historia, la explotación minera ha estado vinculada a un
hecho en concreto; el desarrollo de las fuerzas productivas.
En el Reino de Quito, en la etapa pre incásica ya se explotaban el oro y la
plata. Más allá de la valoración religiosa/cultural, ciertos metales como el platino
y el cobre fueron incorporados a la producción, como herramientas, más
adelante, como armas. Con los Incas, no fue diferente el uso de la minería,
aunque ellos desarrollaron más el uso de los metales y en alguna medida explica
por qué de su superioridad el momento de someternos e implementar un régimen
esclavista.
Con la colonia española, la explotación minera toma otro ritmo y otro
significado; no responde a las necesidades de nuestros pueblos, sino a sostener
el poder feudal e la corona.
A fines del siglo XIX, la explotación minera en el país es monopolizada por
los ingleses, quienes se posicionaron sobre esa producción por mucho tiempo,
explotación que eventualmente ha tenido ciertos relevos o frentes con la
presencia depredadora de los EEUU, Canadá, Australia, hasta llegar a nuestros
días, donde la explotación minera ha puesto en tensión a varias potencias
capitalistas e imperialistas que pugnan por hegemonizar la explotación y
comercialización de hidrocarburos y minería metálica, llevándose en sacos la
riqueza nacional.
¿Es mala la minería?; ¡No!, definitivamente, lo malo es que su explotación
no responde a la necesidad de nuestro país, a un correcto y necesario proceso e
industrialización y desarrollo de sus fuerzas productivas. Todo lo que se
explota se va del país, a cambio, nos dejan tierras infértiles, devastadas;
además, profundos conflictos sociales. La explotación minera por sí sola no es
nociva; es más, el imperialismo racionaliza la explotación minera dentro de sus
fronteras, pero, en los países del tercer mundo lo hacen con ínfulas depredadoras,
porque reducen costos y les importa un carajo el daño que hacen.
En lo que va del siglo XXI, se ha incrementado la explotación minera en el
país. Con el régimen de Correa entramos en un proceso de reprimarización de la
economía, es decir, regresar al sector primario, a la explotación minera,
pesquera, forestal, agrícola; atizando las contradicciones entre el Estado y
los territorios indígenas; mayor especulación y acaparamiento de la tierra,
concesión de millones de hectáreas a grandes empresas mineras; incremento
desmedido de la frontera agrícola, etc., pero, sobre todo, profundizando y
evolucionando la semifeudalidad.
En el Ecuador el imperialismo, en el último tercio del siglo XIX,
desarrolló capitalismo en una sociedad feudal, sin que esto haya implicado la
democratización de las fueras y medios de producción; no hubo ni hay desarrollo
de la industria, consiguientemente de la minería. Este capitalismo
entremezclado con relaciones feudales se llama capitalismo burocrático.
Producimos materia prima, de ahí que la explotación minera no sea beneficiosa
para el país en su conjunto. Esta, como una posición objetiva que contrasta
antagónicamente con la verborrea revisionista que señala que el país es
capitalista.
La mita ha evolucionado, se presenta adquiriendo nuevas formas. Comunidades
enteras Familias son incorporadas a la explotación minera bajo la premisa de
generación de trabajo y ayuda comunitaria (los operadores sociales de las
mineras implementan enganches o engaños con la comunidad, desarrollando
proyectos de crianza de animales menores, reciclaje, etc.), no solo en el
sector informal, sino también en el formal. El trabajo infantil forzado en la
minería informal es evidente. Hoy, en el Ecuador, los mitayos se han
reproducido bajo la egida de las grandes, medianas y pequeñas empresas mineras.
El régimen del burgués comprador de Lasso, aprovechando las elecciones
presidenciales ha convocado a una consulta popular para «decidir» si se explota
petróleo en la reserva del Yasuní y minerales en el Chocó Andino.
Más allá de la consulta, es por demás evidente que si el viejo estado, azuzado
por las transnacionales, quiere explotar el ITT en el Yasuní y arrasar el Chocó
Andino lo hará con o sin consulta; lo hará con o sin consulta previa, libre
e informada, como ya lo han hecho en la provincia de Cotopaxi, Bolívar, Azuay
e Imbabura, donde a pesar de la negativa de la población a la explotación minera,
la penetración de las empresas es un hecho y ya han causado un daño ecológico y
social irreparable.
Los ambientalistas se oponen decididamente a la explotación minera; sin embargo,
en el seno de las comunidades indígenas en la Amazonia, de varias provincias
del país se explota la tierra y los aluviales en búsqueda del oro, A la final,
renta más extraer algunos gramos de oro que aquello que produce una hectárea de
yuca o de cualquier otro producto. ¿Se le puede acusar de ilegal a un indígena/campesino
que explota oro que le renta más ingresos con relación a la anémica producción
agrícola?, por supuesto que no.
Los comunistas nos oponemos a la explotación de petróleo y metales en el
país; y nuestra oposición no pasa por un argumento ambientalista, y esto no
quiere decir que no sea importante, sino que hay otros elementos de mayor peso
a confrontar; lo fundamental es que de dicha explotación va a parar a manos de
las transnacionales y del imperialismo; no beneficia en nada a las grandes
mayorías, salvo a ciertos gobernantes, funcionarios y empresarios corruptos.
Para nosotros, los comunistas, oponernos a la gran minería, es oponernos al
imperialismo, es lo fundamental. Es asumir una posición de lucha directa y en
el terreno en contra del imperialismo. La lucha contra la gran empresa minera
se inscribe en la lucha de liberación nacional, porque propicia la derrota y
expulsión del imperialismo, en todas sus facetas, del país.
No estamos de acuerdo con la explotación del ITT, el Chocó Andino, ni
ningún otro yacimiento en el país, porque beneficia directamente al imperialismo.
Y, por el contrario, estamos de acuerdo en que se debe respetar y respaldar la
producción minera artesanal, porque esa beneficia a campesinos pobres, sin
tierra, a mineros artesanales que tienen que trabajar duramente para poder
llevar el mendrugo de pan a sus hogares. Oponernos a esta minería es favorecer
a la gran empresa minera vinculada al imperialismo o seguir relegando el
problema de la tierra y su uso. El problema agrario debe ser atendido y
resuelto ya, ahora.
¿Qué la empresa artesanal, a la que estigmatizan como ilegal, está
infiltrada de narcos, bandas, etc.?, desde luego; tanto como la gran empresa
minera que hace alianzas innombrables para sostener su producción y arrebatar
las tierras a los comuneros y campesinos pobres. Basta ver los «cordones de
seguridad» que tienen las grandes empresas mineras que sustentan el nervio
económico de los grupos violentos en el país para que “despejen” las tierras
concesionadas o la presencia de mineros artesanales.
Reivindicamos el derecho a luchar por la expulsión de las grandes empresas
mineras, porque se llevan los recursos naturales, porque destrozan las selvas,
páramos y demás; también porque disocian las comunidades, corrompen a los
funcionarios públicos y porque no aporta en nada al desarrollo nacional. Pero
también reivindicamos el derecho de los mineros pobres, artesanales, al
trabajo, a explotar la tierra con el mismo derecho que el viejo estado les
entrega o concesiona territorios a las transnacionales.
NO A LA EXPLOTACIÓN HIDROCARBURÍFERA EN EL YASUINÍ Y EL CHOCÓ ANDINO, es la
consigna, la misma que no necesariamente debe ser expuesta y “defendida” en la
consulta popular planteada por el régimen, sino como una acción combativa consciente
de lucha en contra del imperialismo en territorio, en las minas, en las tierras
concesionadas; es más, que dichas tierras que están por encima de los 3
millones de hectáreas, sean expropiadas y pasen a manos de los campesinos sin
tierra, para que puedan argumentar su subsistencia.
Los comunistas nos oponemos a la consulta popular, porque al igual que las
elecciones, pretenden hacernos creer que desde ese acto “democrático” nosotros
estamos decidiendo sobre los designios del país, en este caso, del qué hacer
con los minerales, los territorios y las relaciones sociales en su seno. ¡NO!,
esa es una patraña más. Debemos oponernos a la consulta y a quienes la
fomentan, ya seas desde los intereses del viejo estado, como desde la perorata
cansina de los ambientalistas cuyo discurso está aherrojado a la defensa del
medio ambiente por encima de la defensa de los intereses que tienen los
campesinos sobre la tierra y el trabajo.
Si no queremos minería a gran escala; pues combatamos por expulsarla, y aun
así es insuficiente, porque saldrá en su relevo la gran burguesía ecuatoriana.
Hay que precipitar la revolución de Nueva Democracia, solo de esa manera
podremos propiciar una explotación minera responsable, que esté en sintonía con
las necesidades de la nueva sociedad, de su industrialización, de su defensa.
No pequemos de ingenuos pensando que la explotación minera en el país
aportará al beneficio de las grandes mayorías, en absoluto. Es una trampa, no
diferente a cómo se ha presentado con la explotación de hidrocarburos. Tampoco
caigamos en el discurso de los ecologistas y demás reformistas, convertidos en
los guardabosques del viejo estado, no entienden la dinámica de la
supervivencia de las masas campesinas, del subproletariado y proletariado
minero que trata de argumentar su existencia en la explotación minera a baja
escala; pero, sobre todo, no caigamos en la emboscada de la consulta popular,
porque el estado, le pertenece a una clase en concreto y lejos estamos de tomar o incidir en este
tipo de decisiones transcendentales.
¡NO A LA CONSULTA POPULAR, SI A LA EXPULSIÓN DE
LAS GRANDES EMPRESAS MINERAS!
¡POR LA DEFENSA DE LOS MINEROS ARTESANALES Y SU
DERECHO AL TRABAJO!
¡ORGANIZAR, COMBATIR Y RESISTIR!
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